El Tribunal considera que la falta cometida no es lo suficientemente grave para justificar el despido disciplinario, a pesar de que hizo uso del uniforme y vehículo de la empresa para la que trabajaba por cuenta ajena.

Se resuelve el recurso de suplicación número 1615/24 interpuesto contra la sentencia del proceso de despido con número de autos 268/23 del Juzgado de lo Social de Melilla.

D. Mateo trabajaba desde 2013 como técnico oficial de telecomunicaciones para una empresa dedicada a las comunicaciones (distribución de telefonía móvil y fija, internet). El 1 de marzo de 2023, la empresa le notificó un pliego de cargos por presuntas faltas tipificadas en el convenio como muy graves, entre ellas fraude, deslealtad y abuso de confianza, debido a que había realizado trabajos como autónomo durante su jornada laboral. Se le dio un plazo para presentar alegaciones, pero no reconoció los hechos imputados. En su defensa, alegó que era también trabajador autónomo, instalador autorizado de cámaras de seguridad, y que el trabajo del que hablaban lo había realizado en un día no laborable.

El 7 de marzo de 2023, la empresa le notificó un segundo pliego de cargos, ampliando la fundamentación de las imputaciones, basándose en el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores, que contempla el despido como sanción para faltas muy graves, tales como "la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza". Sin embargo, no tuvo en cuenta las disposiciones específicas establecidas en el convenio colectivo que regulan la falta concreta realizada por el trabajador. La empresa consideró que este comportamiento afectó negativamente a su imagen y ese mismo día, le notificó su despido disciplinario, basándose en una llamada recibida en la oficina, en la que una clienta reclamaba una factura de 350 euros por la instalación de unas cámaras de seguridad que, además, no funcionaban correctamente. La empresa descubrió que, D. Mateo y otro compañero durante su jornada laboral, usando el uniforme y el vehículo de la empresa, aprovechando que iban al almacén de la empresa a dejar una bobina de fibra, se presentaron en la casa de la clienta para ver por qué no funcionaban las cámaras instaladas y solucionar la incidencia.

D. Mateo defendió que la instalación se había realizado en su tiempo libre como autónomo y no entendía por qué la clienta hubiera acudido a la empresa para reclamar la factura.

El Juzgado de lo Social de Melilla estimó la demanda y declaró el despido como improcedente, considerando que los hechos probados no eran lo suficientemente graves para justificar un despido.

La empresa recurrió esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, argumentando que los hechos imputados debían considerarse muy graves.

Por su parte, D. Mateo impugnó la admisibilidad del recurso, señalando que la empresa no había cumplido con los plazos de consignación y que en ningún caso había inducido a la clienta a pensar que la instalación había sido realizada por la empresa demandada.

El Tribunal Superior desestimó el recurso de la empresa y confirmó la sentencia del Juzgado de lo Social de Melilla. Argumentó que, en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, realizar trabajos particulares durante la jornada laboral, utilizando herramientas o uniforme de la empresa estaba tipificado como una falta grave y no muy grave.  La empresa no había tipificado correctamente la falta cometida por el trabajador con lo establecido en el convenio colectivo por lo que el despido no era procedente.

El Tribunal aplica la teoría gradualista y concluye que “la conducta del actor pudo ocasionar descrédito en el interés comercial de la empresa, pero los negociadores del convenio colectivo han querido tipificar tal conducta como falta grave, que no muy grave, por lo que la determinación de la sanción debe adecuarse a lo previsto en la norma convencional (suspensión de empleo y sueldo)”.

El TSJ declaró el despido como improcedente, al no adecuarse la sanción a la calificación de la falta, condenando a la empresa a indemnizar o readmitir al trabajador, y a pagar las costas procesales del recurso.