El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, general de protección de datos (en adelante, RGPD) no se limita a reconocer el derecho a la protección de datos personales, sino que exige que cada Estado Miembro se dote de una infraestructura administrativa que permita proteger adecuadamente ese derecho. A tal fin, cada Estado Miembro debe contar con una autoridad de control que ejercerá las competencias y funciones relativas a la protección de datos personales, entre ellas la potestad sancionadora frente a incumplimientos en esta materia.