Aprobados los convenios con las CCAA para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2017-2020
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, los convenios de colaboración con las CCAA -excepto País Vasco y Navarra-, e INGESA para el control de la incapacidad temporal (IT) en el período 2017-2020. Asimismo se fijan los créditos destinados a financiar dichos acuerdos.
Los dieciséis convenios a los que el Ejecutivo ha dado luz verde persiguen mejorar la colaboración y coordinación entre los Servicios Públicos de Salud de las CCAA y las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social para el control eficaz de esta prestación sin generar molestias innecesarias a los trabajadores.
Todos los acuerdos contemplan dos apartados: un programa de actividades para modernizar la prestación de IT, al que se supedita el 60% del crédito, y unos objetivos de racionalización del gasto para cada año, para los que se reserva el 40% restante.
Entre las novedades relativas a la distribución de los créditos de la mejora de la gestión y del control de los procesos de IT destacan:
Aumento del 20% al 22% el porcentaje de crédito destinado a la transmisión telemática de partes médicos de baja, confirmación y alta. La correcta cumplimentación de los partes es clave para que el traslado de la información gane en agilidad y calidad.
Se incrementa también la formación de los médicos de atención primaria para que conozcan las circunstancias que atañen a la IT como prestación en la que participan los Servicios Públicos de Salud (SPS).
El acceso telemático a las historias clínicas de atención primaria se intensifica. La información de los SPS es básica para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) pueda conocer las dolencias de los trabajadores y valorar la recuperación o incapacidad de estos. Además, se avanza en la equiparación en el acceso al historial en atención especializada.
También se incrementa la asignación de crédito a la gestión de las propuestas de alta que envían las mutuas colaboradoras a los SPS con el objetivo de que estos se impliquen en esas valoraciones, y al objetivo de racionalización del gasto. En ambos casos, la meta es asegurar que el gasto del Sistema se destina a su objetivo primordial que es proteger adecuadamente a los trabajadores que se encuentran incapacitados para el trabajo.